De aquí se sale

In Expansión by Israel Paz0 Comments

En su penúltimo libro publicado bajo el mismo título que el de este artículo, el ex banquero venía a explicar que todo lo que nos sucede en el presente tiene su origen en nuestro pasado. E irónicamente, el proceso  que encara en estos últimos días Mario Conde hunde sus raíces en un pasado judicial que seguramente creía superado.

Transcurridas 48 horas desde que el Magistrado Santiago Pedraz decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Conde, la primera cuestión a destacar es que las 22 páginas de su Auto revelan una intensísima labor policial iniciada hace casi un lustro, la cual acreditaría una alambicada estructura societaria internacional pergeñada por Conde para llevar a efecto la presunta actividad delictiva denunciada por la Fiscalía Anticorrupción. Así, y según el Auto de prisión, Conde y el resto de los investigados se habrían valido de una red de empresas nacionales e internacionales a través de las que lograron repatriar 13 de los 26 millones de euros de los que Conde se apropió en los casos Argentia Trust y Banesto y, de paso, burlar el embargo de su patrimonio inmobiliario decretado por la Audiencia Nacional y la AgenciaTributaria tras su condena en ambos procesos judiciales.

Basándose, pues, en la información suministrada por la UDEF y la UCO, el Magistrado entiende, por el momento, que esta conducta podría ser constitutiva de 8 delitos fiscales, organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Ahora bien, un análisis preliminar de los hechos -necesariamente muy limitado al haberse decretado el secreto de las actuaciones judiciales- permitiría únicamente entender que la conducta de Conde y el resto de los investigados podría ser, a lo sumo, constitutiva de insolvencia punible, toda vez que toda la supuesta actividad delictual denunciada habría tenido como exclusivo y único fin ocultar a la Audiencia Nacional el “botín” distraído de las arcas de Banesto y, por tanto, sortear su embargo y el del resto de su patrimonio. Conducta, por cierto, que podría resultar penalmente intrascendente al considerarse autoencubrimiento impune, que se traduce en que nadie está obligado a desvelar a las autoridades el delito, las pruebas, ni mucho menos, el paradero de lo sustraído.

El segundo aspecto, y quizás más importante, que ha de resaltarse de la decisión adoptada por Pedraz, es que resulta ser demasiado estricta en lo que atañe a la prisión provisional sin fianza decretada contra Conde y el abogado Javier de la Vega. Y en este punto, merece la pena recordar que la prisión provisional tiene como efecto práctico el encarcelamiento de un inocente; de alguien que aún no ha sido juzgado ni condenado y que se encuentra, consecuentemente, amparado por la presunción de inocencia que certifica el artículo 24.1 de la Constitución. Por tanto, el internamiento preventivo supone el colapso total del derecho fundamental a la Libertad que consagra el artículo 17.1 de la Carta Magna y, como advierte nuestro Tribunal Constitucional, tal institución “se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro”.

En lo que aquí interesa, baste decir que la prisión provisional exige varios requisitos para su adopción, siendo uno de ellos, que no el único, el que con tan drástica medida se evite que el investigado destruya pruebas. Y éste es, precisamente, el riesgo que pretende conjurar el Magistrado, señalando en su resolución que se encuentra pendiente de análisis la documentación y ficheros informáticos intervenidos en los registros, añadiendo, que “una vez analizado lo ocupado podrá en su caso reconsiderarse su situación personal”.

La crítica que puede realizarse a la resolución de Pedraz es doble: de un lado, que resulta difícil suponer que Conde pueda ya destruir pruebas, toda vez que, al parecer, la UDEF y la UCO han incautado una ingente cantidad de información y documentación gracias a las distintas entradas y registros; y de otro, que si, en realidad, el riesgo de destrucción de pruebas era la más poderosa razón que condujo a Pedraz a enviar a prisión a Mario Conde, bien podría haber adoptado, en su lugar, otras medidas de menor intensidad, pero igualmente efectivas: por ejemplo, su arresto domiciliario, el cual, dicho sea de paso, es el que ha sido decretado contra su hija Alejandra.

Si en 2011 Mario Conde vino a señalar que “De aquí se sale“, puede que no tarde demasiado en hacerlo en esta ocasión atendidas las circunstancias de su caso conocidas hasta ahora.

Israel Paz es doctor en Derecho Penal y socio de Sunkel & Paz Penalistas.

Comparta este artículo

Leave a Comment