Delitos contra la Hacienda Pública: ¿cuáles son y qué penas tienen?
Entre los delitos económicos el Código Penal regula los delitos contra la Hacienda Pública. En este artículo te contamos en qué consisten, qué requisitos se deben cumplir, qué límite existen para que se considere delitos y con qué pena se castigan.
¿Qué son los delitos contra la Hacienda Pública?
Los delitos contra la Hacienda Pública son aquellos que consisten en defraudar, ya sea por acción o por omisión a la Hacienda Pública estatal autonómica foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran tenido que retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie, obteniendo, de esa forma, devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales indebidos.
En cualquier caso, para que exista un delito contra la Hacienda Pública el importe de lo defraudado debe exceder de 120.000 euros.
El delito contra la Hacienda Pública se regula en el artículo 305 del Código Penal.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los casos de ilusión en el pago de impuestos suponen un delito contra la Hacienda Pública, sino que debe existir una intención o engaño para defraudar en el pago de impuestos. En el caso en que no exista esa intención estaremos ante un ilícito administrativo. También debemos considerar que para que se entienda que estamos ante un delito la cuantía defraudada, tal y como hemos visto, debe ser superior a 120.000 euros.
Bien jurídico protegido en los delitos contra la Hacienda Pública
En los delitos contra la Hacienda Pública el bien jurídico protegido es el patrimonio de la Hacienda Pública. Además, estos delitos se relacionan directamente con la Constitución española que establece en el artículo 31 que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, mediante un sistema tributario justo. Por lo tanto, podemos decir que existen dos bienes jurídicos protegidos: el erario público y los valores contemplados en la Constitución Española.
¿Con qué pena se castiga el delito contra la Hacienda Pública?
La pena que se impone por este delito es de prisión de 1 a 5 años y una multa equivalente a 6 veces la cuantía defraudada, salvo que se haya producido la regularización voluntaria por parte de quien cometió el delito. Además, se le puede imponer al infractor la pérdida de la posibilidad de solicitar subvenciones públicas o de beneficiarse de incentivos fiscales.
Existe un tipo agravado en los delitos contra la Hacienda Pública cuando se produce alguna de las siguientes circunstancias:
- Que haya una persona o personas interpuestas, deforma que se oculte la identidad del verdadero obligado tributario.
- Que el importe defraudado sea muy elevado o que exista una organización que afecte habrá varios obligados tributarios.
En el caso en que te acusen de delitos contra la Hacienda Pública es fundamental que te asesores con un abogado penalista especializado en delitos fiscales para que analice tu caso, te asesore sobre las opciones existentes y determine si se trata realmente de un delito y puede tratarse de una infracción administrativa.