Urdangarin frente al espejo de Montesquieu

Mucho se ha escrito en los últimos tiempos sobre la separación de poderes. Y en no pocas ocasiones para refutarla y/o poner en tela de juicio su actual vigencia. Desde la actuación del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional ante el desafío separatista catalán, hasta en el recientemente sentenciado caso Gürtel. En el primero, una parte del espectro político –sobre todo prosoberanista– quiso ver una influencia indeseable del Ejecutivo en las decisiones que se fueron adoptando respecto de las situaciones personales de los encausados. Y en el segundo, tampoco se escatimaron las quejas sobre la eventual ascendencia que el partido –en aquel momento en el Gobierno– pudiera estar teniendo en el tribunal juzgador.

El caso Noos no ha sido ajeno a toda esa marea crítica. Y, posiblemente, con la sentencia conocida en el día de ayer, termine siendo entendido como el asunto paradigmático que, al contrario de lo que muchos esperaban, demostró que en España sí existe una verdadera separación de poderes. Más aún: que goza de una estupenda salud a juzgar por los últimos fallos judiciales a los que asistimos.

Los postulados del ilustrado Charles-Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, pues, parece que siguen aplicándose con normalidad en nuestra ya no tan joven democracia. Y conviene no olvidarlo, por mucho que la tentación de la crítica feroz al sistema judicial español se haya convertido en un entretenido pasatiempo para algunos políticos e, incluso, juristas.

La durísima sentencia (en términos penológicos) de la Gürtel, o la dictada ayer por el Tribunal Supremo deben recordarnos que no es conveniente caer en el reproche fácil. Deben servir para que reparemos, una vez más, en que la Justicia tiene sus propios tiempos. En que mide sus plazos en términos distintos a los políticos o los sociales.

Y lo hace así, de una parte, por la propia idiosincrasia del sistema judicial. Pero también, en no menor medida, por la escasez de medios de la que adolece; por el poco interés que despierta en la clase dirigente el dotarla con mejores estructuras materiales y humanas que la agilicen.

Todos aquellos que, de una manera u otra, participan cotidianamente en la administración de Justicia, saben sobradamente del esfuerzo de muchos para que sea eficaz. Desde los funcionarios tramitadores, que se ven casi forzados a asumir más responsabilidades de las que les corresponden. Pasando por los miembros de la carrera fiscal, que han de defender miles de asuntos anualmente llevándose el trabajo a casa. Y finalizando por los jueces, quienes deben decidir, con esa misma carencia de medios humanos y materiales, sobre el futuro de la controversia, o peor aún: sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.

La sentencia del caso Noos, y en mayor medida la condena de prisión a Iñaki Urdangarín, puede significar para muchos una sorpresa, pues parecían aguardar un fallo que pudiera dar pábulo a sus teorías de la doble Justicia o de su supuesta politización. Pero para otros muchos sólo puede tener como única lectura: la constatación, una vez más, de la existencia en nuestro país de una auténtica normalidad en la administración de justicia.

Cierto es que, en puridad, el asunto aún no ha terminado. Urdangarín, y todos los que se sientan agraviados por el contenido culpable de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, pueden todavía recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. En la práctica forense, se interponen cientos de amparos anualmente, pese a que la posibilidad de prosperar y de hallar una respuesta estimatoria resulta más bien escasa. Por esa razón, y en tal caso, no se podrá criticar a Urdangarin o a cualquiera de los condenados que opten por quemar ese último cartucho. Ni mucho menos a la Justicia por tener previstas esas otras instancias. Porque la decisión de acudir al sistema de recursos; de desplegar una u otra estrategia; de no declarar en contra de uno mismo; de no declararse culpable; o en definitiva, de defenderse, forma parte de la más absoluta normalidad judicial. Eso sí: sin importar que quien lo haga sea un ciudadano cualquiera o el mismísimo cuñado del Rey.

Víctor Sunkel

Abogado penalista