Algunos hombres buenos

Seguro que muchos recuerdan aquella mítica escena de la película de 1992 del mismo título, dirigida por Rob Reiner, en la que Tom Cruise espetaba a un colérico Jack Nicholson: “¿Ordenó Ud. el código rojo? ¿General, lo ordenó?”

En el filme, el código rojo resultaba ser una sanción disciplinaria no escrita que, entre los Marines de Estados Unidos, se infligía a todos aquellos soldados del Cuerpo que hubieran violado el Código de Honor.

Desgraciadamente, la aplicación del citado código produce la muerte accidental del soldado, aquejado de una determinada dolencia cardíaca. Tom Cruise interpreta al abogado de la acusación (Teniente Daniel Kaffee) que está determinado en conocer si el General Nathan R. Jessep (Jack Nicholson) conocía o no esa práctica no escrita; y sobre todo, si había o no dado la orden a sus mandos para aplicar el repetido código rojo al soldado fallecido.

Siendo evidente que la aplicación de las leyes por parte de los Juzgados y Tribunales españoles no puede jamás ser entendida como un código rojo, puesto que además de escritas, han sido tramitadas y votadas en sede parlamentaria, no lo es menos que en las últimas fechas desde varios sectores de la sociedad y la política se ha apuntado injustificadamente al Ejecutivo de Rajoy como el ordenante de los encarcelamientos preventivos de Junqueras y los exconsellers decretados por la Juez Lamela.

Afirmar tal cosa no sólo es desconocer la realidad judicial de nuestro país, sino ignorar que en España existe una auténtica separación de poderes y, que, por tanto, el poder Ejecutivo (el gobierno de Rajoy) no puede, ni debe, interferir en las decisiones del Judicial (en este caso, de Lamela o el Tribunal Supremo). En tal medida, los llamamientos más o menos furibundos de esas mismas personas a que Rajoy “suavice” la condición procesal de Junqueras y los exconsellers resulta inadecuada y decididamente ilegal.

En la extraordinaria escena final de Algunos hombres buenos, Nicholson replica magistralmente a Cruise señalando que ellos, los soldados, el ejército, son necesarios para que una sociedad, cualquier sociedad, pueda vivir una vida sin preocupaciones, al margen de las tensiones de todo orden y vicisitudes fronterizas. “¡Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de ser vigilados por hombres armados!” le vocifera el General Jessep al Teniente Kaffee, llenando toda la pantalla con esa mirada de la que sólo Nicholson es capaz.

Pues bien, no debería ser necesario ni tan siquiera tener que recordarlo, pero, salvando las distancias -pues Lamela no es Jessep, ni la Justicia es el Ejército- las Leyes, nuestra Constitución, los Estatutos de Autonomía y, en fin, nuestro sistema normativo, está para ser respetado, cumplido, obedecido. Y si alguna persona, institución o grupo organizado decide violentarlo, ha de ser necesariamente conducido ante la Justicia para que, en su caso, responda por sus actos mediando un proceso judicial con todas las garantías.

Los delitos de Rebelión, o el de Sedición, son tipos penales que llevan a aparejados fuertes dosis de carga punitiva –máximas de 30 y 10 años de prisión respectivamente-, de suerte que, aunque algunos puedan interpretar el Auto de Lamela decretando la prisión provisional de los miembros del Govern como un código rojo, o que incluso otros crean que tal decisión resulta poco conveniente en el clima político actual, es sencillamente normal, teniendo en consideración las circunstancias concurrentes en el caso.

En la rutina judicial de nuestro Estado de Derecho se producen constantes ingresos en prisión preventiva cuando los hechos investigados revisten especial gravedad. O cuando, como en el caso de los miembros del destituido Govern, puede existir riesgo de fuga, de reiteración delictiva o destrucción de pruebas. Evaluar como posible –al igual que hizo Lamela- cualquiera de esas circunstancias entra en el terreno de lo razonable; se comparta o no. Pero desde luego no puede calificarse la medida de arbitraria. Y mucho menos que obedezca al dictado de los oscuros designios del Gobierno de la Nación.

En el caso al que asistimos en las últimas semanas, resulta esencial reparar en que Algunos hombres buenos no son los aquí investigados, sino aquellos que, como los Magistrados y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, intentan aplicar las leyes con mejor o peor fortuna o acierto; pero, eso sí: con independencia del momento y conveniencias políticas de unos u otros.

Víctor Sunkel

Abogado penalista