Aterriza como puedas
Pese a su tibio recibimiento inicial, la película Aterriza como puedas (1980, USA, Jim Abraham y hermanos Zucker) es una de las mejores comedias de la historia del cine. La cinta contiene una sucesión de escenas memorables, desternillantes y absurdas, y quienes ya la hayan visto, en mi caso innumerables veces, sabrán que sólo al repasarla se pueden descubrir sus incontables detalles a modo de chascarrillos ocultos, conocidos en el argot cinematográfico como easter egg (huevo de Pascua).
Por su parte, la vida política española se ha convertido en un no parar de decisiones incomprensibles o absurdas que, lamentablemente, tienen poco de graciosas, ya que afectan a nuestra maltrecha economía y, lo peor, a nuestros derechos fundamentales que, tras más de un año, siguen limitándose. A veces, de manera harto caprichosa y arbitraria.
Un ejemplo nada jocoso lo hallamos en el rescate a la línea aérea Plus Ultra. 53 millones de nuestros impuestos han terminado siendo destinados a ayudar a que no se acabe hundiendo una empresa que, según el Ejecutivo, resultaba ser estratégica y fundamental para la economía del país. Sin embargo, hemos ido sabiendo que, en realidad, la citada línea aérea sólo dispone de un solo avión como flota, que su operativa únicamente representa el 0,03% de los vuelos y el 0,05% de los pasajeros que mueven las compañías aéreas de España. De confirmarse estos extremos, es posible que la decisión adoptada el 9 de marzo por el Consejo de Ministros termine siendo analizada por nuestros tribunales como eventualmente constitutiva de un delito de prevaricación.
Este ilícito penal de prevaricación se encuentra recogido en el artículo 404 del Código Penal, el cual castiga con penas de nueve y hasta quince años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público y pérdida del derecho al sufragio pasivo a la "autoridad o cargo público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Como presupuesto necesario para que se desencadene esta conducta, ha de existir una resolución administrativa, ya sea expresa o tácita. Adicionalmente, la arbitrariedad ha de ser grave y objetiva, suponiendo una incompatibilidad notoria y manifiesta entre la resolución y lo que establezca el Ordenamiento Jurídico. Dicho de otro modo, la contradicción ha de resultar grosera, notable, flagrante, clamorosa, o que desborde la legislación vigente. Y finalmente, la decisión adoptada y susceptible de ser tildada de prevaricadora, ha de ser dictada a sabiendas de su injusticia; esto es, con dolo (con conciencia y conocimiento). Y prima facie, a falta de profundizar en el asunto, parece que los mimbres del rescate de Plus Ultra podrían llegar a encajar en el referido tipo penal y que, por tanto, quienes hayan participado en la toma de decisión podrían haber incurrido, al menos, en el delito analizado en estas líneas.
En una de las escenas más decididamente divertidas de Aterriza como puedas, uno de los pasajeros, que resulta ser médico, advierte a una de las azafatas que urge aterrizar el avión para llevar a una pasajera enferma a un hospital, a lo que ésta le inquiere "¿Qué es, doctor?". Entonces el galeno con aire serio le espeta: "Un gran edificio lleno de enfermos; y a veces no hay camas". La respuesta a la pregunta no es absurda. De la misma forma que tampoco lo habría sido que alguno de los numerosos miembros del Gobierno, o de los integrantes de organismos oficiales (como por ejemplo la SEPI), o los técnicos del Ministerio de Transporte que intervinieron en la toma de la decisión, se hubieran preguntado qué era Plus Ultra antes de haberla regado con 53 millones de euros. Porque la respuesta que, seguro, habrían obtenido podría haberse parecido a la ofrecida en el filme por el ingenioso médico: "una empresa repleta de deudas, sin apenas pasajeros y que sólo tiene un avión". Y si, a pesar de todo, resolvieron conceder la millonaria ayuda, entonces su decisión "a sabiendas" de tales datos, la convertiría en grosera, flagrante y clamorosamente injusta. En presuntamente prevaricadora. Y eso, no es ninguna broma. Como tampoco lo es que, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, la Policía pueda haber accedido, sin orden judicial y derribando la puerta con un ariete, al interior de una vivienda en donde unos jóvenes celebraban una fiesta ilegal. El Estado de Derecho y, ante todo, los derechos fundamentales -en este caso, la inviolabilidad del domicilio-, no pueden ser objeto de interpretaciones disparatadas como el gag de una película. Nos jugamos mucho. Sin ir más lejos, nuestra libertad; el non plus ultra de la democracia.
