Callar y trabajar
"Callar y trabajar", es una frase atribuida al chef Albert Adrià, hermano del también famosísimo chef Ferran. Al parecer, es un lema que lleva de siempre inspirando su cocina y tiene como significado la huida del foco mediático; la innecesaridad de que, dada su timidez, su figura trascendiera a lo público. De hecho, y por tal razón, quizás no sean muchos los que conozcan a Albert Adrià.
En España, con la Administración de Justicia, siempre ha pasado un tanto de lo mismo: se ha callado y trabajado al margen del foco mediático y huyendo de los flashes de las cámaras. Quizás, y por eso mismo, seguro que son muchos los que no saben qué es o cómo funciona la Justicia y los más ni siquiera sabrán cuáles son sus carencias.
Hasta ahora. Porque, a nadie ya se le puede escapar -si ha estado mínimamente atento a la actualidad- que desde hace un par de años (y más en los últimos meses), nuestra Justicia ha ido encajando con mayor virulencia ataques intolerables a su independencia. Y no sólo eso. También ha tenido que asistir impasible cómo se han venido manoseando caprichosamente por el actual gobierno de la Nación aquellas leyes que convenían a los particulares intereses de sus socios de legislatura, en detrimento de los de España; cómo se ha procedido a la eliminación de delitos que no era necesario modificar y/o expulsar del Código Penal, como ocurrió, por ejemplo, con los delitos de sedición o la malversación; cómo se trastocaron otras figuras delictivas que tampoco necesitaban de ningún tipo de cambio y que sólo sirvieron para explotar durante un tiempo eslóganes huecos ("sólo sí es sí") y que trajeron como resultado las nefastas consecuencias ya de sobra y lamentablemente conocidas por casi todos: rebajas de penas y/o excarcelaciones prematuras de peligrosos delincuentes sexuales.
Por todo esto, y parafraseando al Eclesiastés, resulta claro que ha pasado el tiempo de callar y llegado el de hablar. La Justicia, por su lado, lleva haciéndolo unos meses. Primero, con la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia. Luego, y ya hace unas semanas, con la huelga de los agentes y auxiliares judiciales. Y ya veremos, de no mediar acuerdo, con la huelga general de Jueces y Fiscales. Nada es caprichoso: los exiguos medios materiales y humanos con los que cuenta nuestra Administración de Justicia han terminado por decir ¡basta!
Y ya no sólo que la Justicia esté al borde del colapso (les reto a que tengan el valor de asomarse a cualquier Juzgado y vean la escasez de medios materiales y humanos con los que tienen que sacar el trabajo adelante y, luego, se atrevan -si no tienen más remedio- a poner una demanda o una denuncia), sino que también lleva recibiendo hace muchos meses rabiosos e injustificados ataques a su independencia por parte del Ejecutivo, desde cuyas filas se ha permitido -e incluso jaleado- que se insultara a la práctica totalidad de los jueces, acusándoles de fachas y/o machistas (olvidando, eso sí, que una muy buena parte de sus miembros son mujeres); o realizando nombramientos que, como poco, cabría tildar de controvertidos (recuerden, por llamativo, el de la Fiscal General del Estado nada más abandonar la cartera de Justicia).
Seguramente este es el caldo de cultivo que ha permitido que algunos Jueces y Fiscales resolvieran, no hace mucho, "salir del armario del silencio" para adentrarse en el azaroso mundo de las redes sociales, singularmente Twitter, en las que cuentan con miles de seguidores. ¿El objetivo? Hacerse oír y, sobre todo, instruir a la población sobre lo que sucedía y combatir el discurso oficial. Ejemplos geniales son -y hay muchos más-: LadyCrocs, Natalia Velilla, AngryJuez o TeoJuez.
También en la Abogacía se encuentran numerosos ejemplos de letrados que se atrevieron, y todavía lo hacen, a exponerse a las redes sociales en un intento de explicar o rebatir el argumentario oficial. Ahí tienen a Chema de Pablo, a Andrés Herzog o a Albert Rivera, por sólo nombrar a los que más seguidores atraen en la referida red social tuitera.
Gracias a esos pioneros que se atrevieron a salir de sus juzgados, o de la comodidad y anonimato de sus despachos, resulta más difícil que se consiga confundir a la opinión pública con argumentos tramposos; que se culpe de las negligencias legislativas a quienes sólo pueden aplicarlas; o que se señale despectivamente a los que defienden los intereses de sus clientes solicitando, por ejemplo, que se les rebaje la pena por una malversación gracias a la nueva regulación del delito.
Ninguno de ellos jamás fue el malo de la historia. Ni tampoco lo es ahora. Lo que ocurre, es que, además de seguir trabajando como siempre, ya no callan.
