Don 'ere que ere'
La reciente sentencia del caso ERE, que fundamentalmente y por lo que aquí interesa, implica el ingreso en prisión del expresidente autonómico socialista José Antonio Griñán, puede ser no el estreno, sino la confirmación de la terquedad con la que el presidente Sánchez se ha conducido a lo largo de su mandato en cuanto a sus designios.
Ahora bien, la contumacia en su comportamiento y la demostración de que en la consecución de sus objetivos Sánchez está dispuesto a todo, realmente no se encuentra en el hecho de que a Sánchez poco le importó compartir gobierno de la Nación con aquellos que le "quitaban el sueño" (Podemos) o pactar en la sede de la soberanía nacional con esos otros que representaban una auténtica "línea roja" que jamás franquearía (EH Bildu). No; la verdadera y palpable muestra del alcance de la obstinación de Sánchez para lograr sus metas se halla, en realidad, en el descrédito en la que se empeña en sumir a la Administración de Justicia. Vez tras vez y erre que erre.
Y no es sólo ya por aquél desdichado "¿De quién depende la Fiscalía?, ¡Pues eso!". Ni quizás por haber obligado a la Abogacía del Estado a modificar a la baja su acusación en el juicio al procés, acabando, además, con la carrera del que, probablemente, haya sido el mejor activo que tenía esa Institución (Edmundo Bal). Probablemente, tampoco por haber nombrado Fiscal General del Estado sin solución de continuidad a quien había sido unos segundos antes Ministra de Justicia y, por tanto, parte del Ejecutivo (Dolores Delgado).
Lo peor, en realidad, para la fatigada imagen de la Justicia que comienza a tener la ciudadanía, son todos esos indultos que el ejecutivo de Sánchez se ha empeñado en conceder en contra de los criterios del tribunal o juzgado sentenciador, de la fiscalía o, incluso, de una gran mayoría de la opinión pública. Todos tenemos en mente los recientes concedidos a Juana Rivas y María Sevilla (ambas condenadas por secuestrar a sus hijos), o los más polémicos otorgados a Oriol Junqueras y los otros ocho reos del procés, que se encuentran pendientes hoy de recurso ante el TS. Con estos últimos, el consejo de ministros pareció haber agotado su ingenio para conceder las medidas de gracia, apelando a una suerte de "utilidad pública" que perseguía "desinflamar" la situación de crisis en Cataluña generada y alentada, precisamente, por los propios sediciosos. Y pese a ser cierto que el indulto goza de naturaleza discrecional, no lo es menos que supone una flagrante intromisión del poder ejecutivo en el judicial, motivo por el que sólo se debería acudir a esta figura con carácter extraordinario y con afán de justicia, equidad o verdadera utilidad pública.
Con la más que previsible concesión de la medida de gracia a Griñán (y a otros de los condenados por el caso ERE), Sánchez dará la última puntilla a la Justicia española, ocurriendo que, además, el gobierno en los últimos días está abonando el terreno para "vender" su decisión con hasta tres argumentos distintos.
El primero, que Griñan no se enriqueció y, por tanto, no es un malversador. Les invito a leerse los más de 1200 folios de la Resolución, pero quizás baste reproducir unas pocas líneas para que entiendan el porqué del Fallo: "el tribunal ha contado con un conjunto de pruebas que permiten afirmar desde criterios de racionalidad y con la suficiente seguridad que Griñán sabía que las transferencias de financiación eran un instrumento presupuestario ilegal [...] posibilitando la gestión libérrima de los fondos públicos al margen de todo control".
El segundo, que la sentencia condenatoria ratificada por el TS no fue unánime, pues dos de sus cinco componentes emitieron un voto particular en contra de su condena por malversación, la cual, a la postre, es la que supone su ingreso en prisión. El argumento no deja de ser tramposo, toda vez que las decisiones en órganos colegiados se adoptan por mayoría, que es lo único que exige el artículo 255.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Elevar al rango de sentencia un voto particular no deja de ser algo anómalo; que se lo digan al magistrado que osó emitir un voto particular en el caso de La manada.
Por último, el argumento esgrimido por la ministra Pilar Llop el pasado martes 20 en sede parlamentaria, esgrimiendo a cierta "doctrina penal" que estaría en contra de la condena de Griñan. Lo que pasó desapercibido, es que esa "doctrina penal" se refería a un artículo de opinión publicado por un solo catedrático de derecho penal (eso sí, de reconocidísimo prestigio).
En fin, no es difícil adivinar lo que sucederá en unas semanas: don erre que erre se saldrá con la suya, y lo demás poco importa la verdad.
