El Covid-19, el Kursk y la negación plausible
En el filme Kurks queda perfectamente narrado el retraso en la toma de decisiones que demostraron las autoridades rusas ante la tragedia del submarino nuclear
En el filme 'Kurks' queda perfectamente narrado el retraso en la toma de decisiones que demostraron las autoridades rusas ante la tragedia del submarino nuclear Kurks ocurrida en agosto del año 2000, y que fue magistralmente recreada en la producción europea de 2017 capitaneada por el cineasta Danés Thomas Vinterberg, con Colin Firth y el grandioso Max Von Sidow como intérpretes de excepción. La tragedia de la arrogancia -como fue definido en su día este dramático accidente- llevó a los políticos de entonces, primero, a negar lo ocurrido y, después, a actuar tarde y mal con el resultado de que los 118 marineros del navío perecieron sin recibir ayuda; sabiéndose a día de hoy que, al menos, 23 podrían haberse salvado de haber mediado un temprano rescate.
Aquella táctica política de negar lo evidente, conocida como "negación plausible", arrancó en 1948 de la mano de Harry Truman y, en síntesis, puede traducirse en la ocultación y/o deformación de la verdad por parte de las autoridades con fines partidistas o de supervivencia política. Con la crisis del coronavirus parece evidente que, en una primera fase de la pandemia, el gobierno de la nación puso en práctica esta estrategia, negando primero su existencia, después la minimizó e incluso ridiculizó a quienes osaron contradecirles y advirtieron del inmenso problema de salud pública y crisis económica que entonces se cernía sobre España y que, ahora, padecemos con dramática intensidad.
Desgraciadamente, el ámbito de la administración de Justicia no ha sido ajeno a tal táctica y hasta hace sólo unos pocos días se vino soslayando la importancia de la crisis sanitaria y se continuó actuando con absoluta normalidad. De esta forma, hasta el viernes 13 se celebraron juicios, practicaron declaraciones, diligencias y se permitió, pese a todo, la entrada y permanencia de gran flujo de público en los edificios judiciales. Se consintió así que muchos funcionarios, y los propios operadores jurídicos (abogados y procuradores), quedaran expuestos a la infección compartiendo estancias, muchas de las cuales están mal ventiladas y sucias. Les invito, si se atreven y cuando esto termine, a darse un paseo por los madrileños Juzgados de Plaza de Castilla.
Gracias a esa "negación plausible" nos hemos ido desenvolviendo en una imprudente situación que sólo ha sido atajada cuando el Ejecutivo, por fin, se decidió a aprobar en la noche del sábado 14 el estado de alarma previsto en el artículo 116.2 de la Constitución Española, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. De esta abrupta forma, el estado de alarma hizo su necesaria, pero tardía, aparición, poniendo en evidencia la enorme dilación con la que el Ejecutivo (y el propio Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) han venido actuando ante esta situación excepcional. Porque resulta palmario que, por un lado, el Gobierno hizo dejación de sus funciones descargando su responsabilidad en los líderes autonómicos, habiendo sido Madrid, justo es reconocerlo, la que primero tomó una importante decisión al suspender, en el ámbito de sus competencias, el curso escolar y eventos deportivos. De su parte, el CGPJ imitó al Gobierno e hizo lo propio desviando su responsabilidad en cada juez, en cada magistrado, a los que se les exigió que, si deseaban suspender alguna actuación judicial, debían primero recabar la autorización de la presidencia del correspondiente Tribunal Superior de Justicia y después del propio CGPJ. Todo un sinsentido.
Con la suspensión ahora de la actividad judicial, incluidos plazos procesales, acordada por mor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del mencionado Real Decreto, se ha puesto fin a una situación insostenible y de riesgo intolerable, quedando por saber si la medida legal no ha llegado demasiado tarde y no ha ocasionado un mal de difícil reparación. En las próximas fechas podremos comprobarlo. Sin embargo, lo cierto es que aún tras la aprobación de esta drástica pero inevitable medida, hay profesionales del derecho (jueces, fiscales, auxiliares, policías, abogados de oficio, etc.) que aún hoy siguen teniendo que trabajar en procedimientos urgentes y que lo están haciendo expuestos a un riesgo elevado, toda vez que no se les facilitan los medios de protección adecuados para evitar contagios.
La alarmante propagación del Covid-19 provoca, qué duda cabe a estas alturas, temor en todos nosotros. Pero, al igual que ocurre en el filme Kurks, lo que aún produce un mayor desasosiego es comprobar que quien debería velar por la seguridad y salud de la población es capaz de dejar a un lado la verdad por intereses partidistas y después reaccionar cuando, quizás, es demasiado tarde.
