El Fisco quiere que decida la Justicia
En una comunicación dirigida al juez Andreu, la Agencia Tributaria informa que ha iniciado comprobaciones respecto a 60 de los imputados en pieza de las tarjetas black. Según expone el Fisco, las actuaciones inspectoras se encuentran encaminadas a comprobar la obligación de retener y/o ingresar a cuenta por IRPF. Trata de determinar si las cantidades que dispusieron los usuarios de las tarjetas black debían haber tributado y "bajo qué calificación".
Más allá de las eventuales implicaciones penales, el asunto tiene una eminente trascendencia en el plano administrativo, toda vez que podrían derivarse consecuencias económicas para sus extitulares y para las entidades. Para Caja Madrid y Bankia, la legislación prevé sanciones que podrían alcanzar hasta un 150% de las cantidades que no fueron ingresadas a cuenta, a lo que habría de adicionar las sumas por intereses legales y recargos correspondientes. A los poseedores de las tarjetas black también les podrían ser impuestas sanciones –que serían sensiblemente menores de las que soportarían las entidades financieras– unidas a los intereses legales y recargos.
Para llegar a determinar la eventual responsabilidad administrativa de los titulares de las tarjetas y poder serles levantadas las pertinentes actas de liquidación, es requisito forzoso que se determine con el necesario rigor cuál fue la verdadera naturaleza de los saldos dispuestos. No en vano, sólo en el supuesto de que se entendiera que las cantidades dispuestas tuvieron naturaleza retributiva (pagos en especie) y no compensatoria (dietas, gastos profesionales, etc.) podrá considerarse que existió una infracción tributaria susceptible de ser recriminada en vía administrativa. Lo que desde luego parece claro, de momento, y a juzgar por la comunicación, es que Hacienda quiere dejar que sea la Justicia quien realice esa incómoda interpretación sobre el uso de las tarjetas black y, de hecho, ya le ha pedido al juez instructor que le solicite dejar en suspenso los expedientes administrativos abiertos por el Fisco a los imputados en tanto en cuanto no recaiga sentencia firme en la jurisdicción penal.
Víctor Sunkel
Abogado penalista
