La cortina de humo
En 1997 se estrenaba la película del oscarizado director Barry Levinson titulada originalmente "Wag the dog" (la cortina de humo).
La intervención de estrellas de la talla de Robert de Niro, Dustin Hoffman, Kirsten Dunst o Woody Harrelson -junto con una tremenda banda sonora de Mark Knopfler- anticipan un filme merecedor de la mejor de las críticas cinéfilas.
La cinta sitúa al espectador a pocos días de la celebración de los comicios en EE.UU., y en el momento en el que los oponentes políticos del presidente en funciones inoculan en los medios la noticia del abuso sexual del estadista contra una menor que visitaba la Casa Blanca. Con el objetivo de contrarrestar el escándalo los asesores pergeñan entonces como estrategia defensiva una cortina de humo: inventar una guerra con un país prácticamente desconocido.
Ya en la realidad, el inicio de las sesiones del juicio oral contra los doce acusados que, con su conducta, condujeron a la proclamación de la independencia de Cataluña en 2017, ha sido testigo de una idéntica maniobra de distracción por parte de las defensas de los acusados: repetir cual mantra que, en realidad, el juicio al procés no es sino político. Un procedimiento contra las ideas y opiniones políticas. Una guerra de España contra Cataluña.
Y cómo no, todas y cada una de las defensas asimismo se afanaron el pasado lunes en verbalizar -a veces con excesiva vehemencia- la pretendida naturaleza política del Tribunal Supremo, sin ocultar que, en realidad, tienen su vista puesta en un más que probable recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lo que en todo caso parecen olvidar los letrados de la defensa, es que la teoría de la postverdad (o cortina de humo) expuesta ya en 1977 por la alemana Noelle-Neumann en su libro La Espiral del Silencio, puede que consiga calar en una parte de la opinión pública catalana, pero no en la del resto de España y, desde luego, seguro que no en la de los magistrados del Alto Tribunal.
Porque el argumento defensivo enarbolado por las defensas choca frontalmente con una realidad porfiada y objetiva: ninguno de los acusados del procés se sienta ahora en el banquillo por sus ideas políticas independentistas (y ahí está Quim Torra, que se paseó libremente por el Tribunal, para dar fe de ello). Y ninguno de los acusados será eventualmente condenado por sus ideaciones soberanistas. Lo serán, en su caso, por la conducta que cada uno de ellos desplegó a lo largo del proceso que desembocó en la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.
Lo recordaron con especial brillantez los fiscales de sala Javier Zaragoza y Fidel Cadena quienes, en sus respectivas intervenciones de ayer, enfatizaron que el juicio al procés resulta ser en "defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución del 78", señalando casi al unísono que en España nadie es perseguido por su ideología, ni por ejercer el derecho al voto.
Los comportamientos de los doce acusados, ya sean tildados de delito de rebelión del articulo 472 del Código Penal (como sostiene la fiscalía) o de sedición del artículo 544 CP (que reclama la abogacía del Estado) poseen una gravedad nada pequeña y podrán ser susceptibles de merecer penas de hasta 30 años de prisión en el primer supuesto y de 10 en el segundo.
En tal medida, de seguir por esta línea, la argumentación defensiva esgrimida hasta ahora por los abogados de los acusados puede quedarse corta, toda vez que, los que estamos a diario en la arena de los tribunales, somos plenamente conscientes de la antipatía que genera a los órganos judiciales la alusión a todo lo que no sea estrictamente jurídico.
Por consiguiente, las menciones a supuestas conspiraciones ideológicas o las desacertadas insinuaciones a la carencia de independencia del tribunal, no parecen ser las más adecuadas para blandir en el foro para obtener la ansiada absolución, evidenciando que, en realidad, se dirigen a una parte de la opinión pública con el ánimo de reafirmar los postulados soberanistas.
En fin, toda cortina de humo tiene una corta vida útil. Y, por mucho que pese a los acusados, la inconsistencia de sus argumentos y la contundencia de los hechos que se les reprochan, no hará excesivamente difícil que las acusaciones consigan despejarla en lo que resta de juicio.
Víctor Sunkel
Abogado penalista
