Madrid Confidential
Everything is suspect...everyone is for sale...and nothing is what it seems, fue el eslogan escogido para promocionar el filme L.A. Confidential (USA, 1997, Curtis Hanson), y que puede traducirse al español como "todo es sospechoso... todo el mundo está en venta... y nada es lo que parece".
En síntesis, la película que pertenece al género del cine negro y detectivesca, no es sino un magnífico y entretenido compendio de engaños, traiciones y corrupción en la ciudad de Los Ángeles de los años 50.
Evidentemente, Madrid no es Los Ángeles, ni la corrupción pulula a sus anchas por la ciudad, ni estamos en la década de los 50 del siglo pasado. Pero si resulta necesario aclarar un aspecto importante a cuenta de lo sucedido en las últimas horas con las intrigas habidas en el seno del principal partido de la oposición por el fracasado intento de contratar un detective para que obtuviera cierta información del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El punto de partida ha de ser, necesariamente, el de enfatizar que la profesión de investigador/detective privado se encuentra debida y suficientemente legitimada dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, por la Ley 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada, por el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 2364/1994 y por la Orden de ministerio de Justicia e Interior de 7 de Julio de 1995. Por consiguiente, nada malo hay en recurrir a los servicios de un investigador privado. Los abogados de todo el mundo acuden a estos profesionales bastante a menudo. Bien para colaborar en una investigación patrimonial (intentar localizar activos ocultos de un deudor), en pesquisas relacionadas con bajas laborales mendaces que suponen un alto coste para nuestro sistema de Seguridad Social y los empleadores (consiguiendo un testimonio gráfico del infractor), obteniendo pistas sobre el paradero de personas desaparecidas o, por acudir al tópico cinematográfico, para pillar in fraganti al marido o la mujer infiel.
Lo que diferencia al caso de Díaz Ayuso, y el intento de obtener información de su hermano, con cualquier otro en el que un detective es contratado en otras partes de España, no es la bajeza política del encargo (que no es el objeto de este análisis), sino la palmaria ilegalidad del cometido que se pretendía que realizara el ya afamado detective. Nótese que la naturaleza del encargo era que se obtuviera con fines espurios los movimientos bancarios de una determinada cuenta corriente del hermano de la presidenta madrileña y poder, en su caso, acreditar ante terceras personas el cobro de comisiones por la intermediación en la compraventa de mascarillas sanitarias en plena pandemia.
Como podrán sin duda suponer, el acceso a la información y extractos de una cuenta bancaria de un tercero tiene carácter limitado al propio titular y, por supuesto, a los integrantes de la oficina bancaria donde se encuentra aperturada la cuenta y bajo el cumplimiento de estrictos requisitos. Nadie más puede conocer tales datos sino es, por ejemplo, porque un Juez lo haya ordenado previamente en el marco de una investigación judicial.
El contenido de una cuenta bancaria, su extracto de movimientos es, pues, un dato reservado de carácter personal y su obtención fuera de los casos anteriormente mencionados podría llegar a constituir ya no sólo una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (que castiga las intromisiones ilegítimas con graves sanciones pecuniarias), sino, incluso, un delito de Descubrimiento y revelación de secretos.
Este ilícito, previsto y penado en el artículo 197 del Código Penal, impone penas de hasta 4 años de prisión y multa de hasta 24 meses al "que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación". Así pues, tanto el detective como los responsables del Partido Popular, que pretendieron que aquel se hiciera con los movimientos de la cuenta de su hermano, habrían podido llegar a cometer el referido delito de revelación de secretos.
Menos mal, que al contrario de lo que ocurre que en la película L.A. Confidential, el detective de esta historia nos ha enseñado que no todo es sospechoso... (ni) todo el mundo está en venta... y (a veces) si es lo que parece.
