Pandora Sánchez
Nuestro Tribunal Supremo desde hace décadas viene manteniendo que el Derecho Penal (me van a permitir que, sólo hoy, lo ponga en mayúsculas), representa la última trinchera que todo estado de derecho posee en defensa de la legalidad. Y es así. En cualquier democracia avanzada, el derecho penal supone esa frontera postrera e inexpugnable que todo ciudadano espera que exista para sentirse protegido; a salvo.
Es ese policía que resiste ante la embestida de los violentos o que persigue al criminal sin descanso. Es, sin duda, ese Juzgado de Instrucción, ese Juzgado de lo Penal, o en general el sistema judicial español, con sus virtudes y defectos, intentando impartir Justicia -en mayúsculas- persiguiendo y castigando a los delincuentes y procurando ofrecer a las víctimas lo más parecido al consuelo y reparación del daño que pueden hallar si no quieren recurrir a la proscrita venganza o a lo que separa a las democracias occidentales de aquellas que recurren a la Ley del Talión. Y, desde luego, somos usted y yo consintiendo, y acatando, vivir con arreglo al ordenamiento jurídico, a nuestra Constitución, cumpliendo las leyes que, en un momento dado, decidimos que serían las que resultarían necesarias obedecer para lograr la ansiada convivencia pacífica. Es, en síntesis, lo que se denomina el Pacto Social.
Pero eso ha sido hasta hoy. Porque ese Acuerdo Social, al menos para una buena parte de España, se ha roto definitivamente.
Y lo ha hecho porque Pedro, Pandora, Sánchez, ha decidido que el Derecho Penal sólo se aplique a quien a él le convenga por sus particulares intereses políticos y personales. Porque, con la -mal llamada- ley de amnistía (aquí la minúsculas deberían ser obligatorias) todos los políticos, CDRs, delincuentes en general (¿de verdad Gonzalo Boye?) que han transgredido la legalidad y han sido juzgados, o deberían serlo, o no han podido serlo porque han huido, desde 2012 hasta hoy, quedarán impunes y sus crímenes olvidados y borrados por siempre. Como si nunca hubiesen existido.
Seguro que hay quien apoya lo que está sucediendo en aras de un gobierno progresista. Y también es probable que algunos justifiquen y argumenten a favor de la amnistía usando o, más bien, retorciendo la legalidad. Pero lo que seguro nadie ha advertido es que, la ley de amnistía supone un último y arriesgado paso al vacío, de cuyas consecuencias nadie nos ha alertado.
No es tiempo de ser pesimistas, pero si hoy se nos empuja a aceptar la amnistía de reos condenados por delitos graves como son los de Sedición, Malversación, Desobediencia o Falsedad ¿Qué impedirá que, mañana, si gobierna la misma u otra opción política, no se nos obligue a comulgar con otra amnistía que tenga relación con delitos de otra naturaleza? ¿Dónde se halla el límite de la amnistía? ¿Quién, desde ahora, nos podrá asegurar que, si conviene a uno u otro partido político, no habrá un político que pretenda la amnistía a un compadre, hermano, compañero de filas o conocido que haya asesinado a uno de nuestros seres queridos?
No, no es tiempo de ser pesimistas, pero se ha cruzado una línea roja como para no comenzar a ser alarmistas. Si han seguido el razonamiento hasta aquí, saben que es factible.
El penalista, la Juez de cualquier Juzgado de Instrucción, de un Juzgado de lo Penal, las magistradas de una Audiencia Provincial, de la Audiencia Nacional o, incluso, del Tribunal Supremo, saben que el Estado de Derecho es frágil y que es suficiente socavarlo neutralizando la actividad judicial, sea por la vía del indulto o por la de la aún más peligrosa amnistía.
Llevamos denunciando ya desde hace muchos meses, o años (desde la concesión de los indultos a los responsables del golpe de estado independentista de octubre de 2017), de la peligrosa deriva que suponía esa medida de Gracia. La justificación que se nos trasladó en aquellos momentos fue que se "desinflamaría" la situación en Cataluña. Y no lo hizo, como tampoco lo hará ahora la amnistía.
Lamentablemente, nos dirigimos hacia un territorio desconocido, social y jurídicamente hablando. Las consecuencias nadie las conoce, ni ninguno de nosotros puede, cabalmente, pronosticarla. Sin embargo, de momento, todos asistimos a una división, a una ruptura, del consenso que nadie deseaba.
La caja de Pandora que Sánchez ha abierto, y no por el bien común ni por España, ya es una realidad. No cabe duda. Y eso sí, todos los males, jurídicos y sociales que, desde ahora nos acechen, nos perseguirán por siempre. Salvo que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía (¿De quién depende?, Sánchez dixit) venga en auxilio de España. ¡Ojalá
