Pedro Sánchez y 'La amenaza de Andrómeda'
Muchos se preguntan si buena parte de lo ocurre no es sino fruto de la inacción y de la improvisación del Gobierno y han decidido pasar a la acción: parece que una avalancha de denuncias y querellas se han ido presentando contra Pedro Sánchez y algunos de sus ministros.
"¿Qué van a hacer ahora?" La pregunta que lanza el científico al político obtiene como respuesta una inquietante interrogación: "precisamente, ¿Qué vamos a hacer?".
El diálogo forma parte de la película La amenaza de Andrómeda (1971, R. Wise), basada en la novela homónima del famosísimo escritor Michael Crichton, quien la publicó apenas un par de años antes. En La amenaza de Andrómeda, un germen alienígena traído del espacio exterior y que se encontraba adherido a un satélite estadounidense caído desde el espacio, aniquila fulminantemente a toda una población del Estado de Nuevo Méjico, amenazando con propagarse al resto planeta. Sólo la rápida reacción de la administración presidencial estadounidense logra detener, in extremis, su expansión y la eventualidad de un contagio a nivel planetario.
Al contrario que en la ficción, en la trágica crisis del Covid-19 que padece España, la amenaza de epidemia virológica no fue ni mucho menos tan sorpresiva y repentina como en el citado filme puesto que, como ya es sabido, las autoridades sanitarias de medio mundo llevaban alertando desde enero de la inminencia de la pandemia. Además, ya no se trataba de algo teórico, toda vez que nuestros países vecinos, singularmente Italia, llevaban sufriendo desde hacía alguna semana los efectos del coronavirus con cientos de contagiados y fallecidos. Pese a ello, y en un escenario de una sociedad absolutamente globalizada, el gobierno de Sánchez no quiso, o tardó mucho, en reaccionar. Pero peor aún es que a día de hoy el Ejecutivo sigue instalado en ese mismo interrogante: "¿Qué vamos a hacer?".
Con la desesperación propia de más de un mes de salvaje confinamiento (medida cuya constitucionalidad resulta cuanto menos cuestionable por el instrumento y figura legal escogidas); con la economía prácticamente paralizada (veremos con qué fatales consecuencias); las pequeñas, medianas empresas y autónomos ahogados por las deudas (pero pagando, eso si, sus impuestos); la total incertidumbre de cómo volveremos a la ansiada normalidad (si algún día Sánchez y sus ministros consiguen al menos ponerse de acuerdo); y una Administración de Justicia al borde del colapso (a la cual, además, se la ataca por el mismísimo vicepresidente del gobierno), muchos se preguntan si buena parte de lo ocurre no es sino fruto de la inacción. De la improvisación. De la inexperiencia, cuando no de la falta de preparación de quienes deberían habernos protegido. De aquellos que debieron haberse anticipado a los acontecimientos.
Con este panorama en el que, desgraciadamente, nos hemos convertido en el país con el índice de fallecidos y personal sanitario contagiado más alto del mundo, muchos han decidido pasar a la acción para dar respuesta a la pregunta incontestada de "¿Qué vamos a hacer?" y, según se ha ido sabiendo en estos últimos días, parece que una avalancha de denuncias y querellas se han ido presentando desde distintos colectivos contra Sánchez y algunos de sus ministros.
Por lo que ha trascendido, las acciones penales en ciernes imputan al Ejecutivo de Sánchez tres ilícitos penales distintos. El primero, un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto y penado en el artículo 316 del Código Penal -CP-, el cual castiga con pena de prisión de hasta 3 años a quien no facilite los medios necesarios para que los trabajadores presten su actividad con las medidas de seguridad y salud adecuadas y, por tanto, pongan en grave riesgo su salud y/o integridad física. El segundo, un delito de prevaricación del artículo 404 CP, que prevé penas de hasta 15 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Y, por último, delitos de homicidios imprudentes (artículo 142 CP) y lesiones imprudentes (artículo 152 CP) para los cuales el CP reserva de hasta 4 años de prisión por el primero y de 3 años para el segundo.
Es evidente que la respuesta a la pregunta "¿Qué vamos a hacer?" no podrá encontrarse en los tribunales de Justicia. Pero desde luego si es probable que logre hallarse la contestación a qué se pudo hacer y no se hizo, para que en un futuro, que ojalá jamás llegue, no se repitan los mismos errores y podamos volver a creer en una gestión adecuada por parte de los responsables políticos.
