Primeras impresiones (nombramiento equivocado)

Primeras impresiones fue el título original que Jane Austen escogió inicialmente para su famosísima novela Orgullo y Prejuicio que vio la luz en enero de 1813 y en la que una de sus protagonistas, la joven Elyzabeth Bennet, terminará descubriendo que no siempre la primera impresión es la que cuenta o define a la persona. Es decir, que las apariencias pueden engañar. Sin embargo, es evidente que la regla admite excepciones. Y quizá, donde más evidente se hace la importancia de esa “primera impresión” es en el ámbito de la Justicia, donde las cosas además de ser han de parecer. Donde la apariencia de imparcialidad ha de ser sostenida de principio a fin. Porque es fundamental que la sociedad tenga siempre la confianza en que la independencia del poder judicial es formal y real.

Con el nombramiento ayer de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado (FGE), resulta incontestable que Pedro Sánchez ha echado por tierra, de momento, esa básica apariencia de independencia que resulta vital para una Institución que goza -aún- de un enorme prestigio y respeto. El error en el nombramiento es pues notorio y, pese a ser completamente legal, deja en evidencia la particular concepción que el presidente del Gobierno posee en relación con la Fiscalía y que puso de manifiesto en aquella sorprendente entrevista radiofónica de hace mes y medio en la que, sin pudor -y haciendo gala de una ignorancia impropia de alguien con tanta responsabilidad- afirmó que la Fiscalía dependía del Ejecutivo.

Al hilo de lo anterior, y constatado que ni siquiera el presidente de España tiene clara la relación orgánica de la Fiscalía, parece necesario explicar muy brevemente qué es y cómo se encastra la Fiscalía entre los distintos poderes estatales. El punto de arranque se encuentra en el artículo 124 de la Constitución, que atribuye al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Ya en su Estatuto Orgánico (regulado por la Ley 50/1981 y modificado en 2007) se advierte en el artículo 7 que, por el principio de imparcialidad, el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados. Es al FGE -puesto que se dispone a ocupar la ex ministra Delgado- a quien corresponde la dirección del Ministerio Fiscal (artículo 13 del Estatuto) y a él corresponde impartir las órdenes e instrucciones al servicio y orden de la Institución (artículo 22). Dentro de esas órdenes, el Estatuto permite al FGE impartir a sus subordinados las instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos (artículo 25). A este respecto, es preciso señalar que los fiscales pueden no acatar una orden o instrucción (incluida la del propio FGE) porque la estimen contraria a Derecho o improcedente, quedando regulado el régimen de resolución del conflicto en el artículo 27 del Estatuto. Finalmente, cabe recordar que los fiscales, y obviamente el FGE, están sometidos a un régimen especial de incompatibilidades, entre las cuales de halla, naturalmente, la de ejercer cualquier cargo de elección popular o designación política (artículo 57).

Por tanto, la fiscalía no depende del Gobierno ni nada que se le parezca. Ni tampoco tiene que rendir ningún tipo de cuentas con él. Por tal razón es tan importante, precisamente, que no exista ni el menor atisbo de que el Ministerio Fiscal es dependiente y, por tanto, parcial. La nueva FGE no goza de tal apariencia de independencia, puesto que acaba de cesar como miembro del Ejecutivo y, como se vio, tan solo unas horas estaba incurse en causa de incompatibilidad para el desempeño de tan importante puesto institucional. La sensación que transmite este equivocado nombramiento al conjunto de la sociedad es pues que una persona que ha tenido responsabilidades políticas pasa a tener ahora el control y mando de una pieza clave en la administración de Justicia, de tal suerte que las decisiones que tenga que adoptar y trasladar a sus subordinados puedan estar contaminadas y/o influenciadas por su paso previo por el Ejecutivo. La confusión que provocará en la ciudadanía es más que comprensible y puede terminar dañando seriamente a una Institución pilar básico de nuestra democracia.

Así pues, las primeras impresiones sobre la designación de Dolores Delgado como FGE no son buenas; de momento. Y como la decisión ya está tomada, sólo cabe desear que, como le ocurrió a la joven protagonista de la novela de Jane Austen, el paso del tiempo termine por demostrar que esas primeras impresiones no definían en absoluto la realidad ni a la persona, porque la nueva FGE se condujo con total imparcialidad e independencia en el ejercicio de su cargo.