The Game
La película The Game, dirigida por David Fincher, estrenada en 1997 y protagonizada por Michael Douglas y Sean Penn, comienza su trama argumental en el momento en el que Conrad Van Orton (Penn) entrega a su multimillonario hermano Nicolás (Douglas) una tarjeta que, según le explica, cambiará radicalmente, y desde ese mismo momento, su vida.
Sin caer en un siempre indeseable spoiler que destroce tanto el vertiginoso ritmo de la cinta como, sobre todo, su final de infarto a aquellos afortunados que aún no la han visto, baste decir que la tarjeta que Conrad regala a su hermano Nicolás le conducirá a una sucesión de avatares y desventuras dignas de la peor de las pesadillas. Porque, aunque inicialmente el regalo tiene la mejor de las intenciones y un carácter lúdico, poco a poco se descubre que la tarjeta no es sino un regalo envenenado.
Y es posible que los 63 exdirectivos y ex altos cargos de Caja Madrid que recibieron en 2003 de las manos del difunto Miguel Blesa las ahora conocidas como ‘tarjetas black’ estén ahora experimentando algo parecido a lo que Nicolás Van Orton padecía sufridamente en The Game. Y como aquel personaje del celuloide, jamás imaginaron que quince años más tarde aquellas tarjetas de crédito que se les entregaron con la consigna de ser usadas a su libre albedrío y antojo les conducirían a la condena ratificada ayer mismo por el Tribunal Supremo.
En su sentencia, el Supremo confirma la condena impuesta el pasado 23 de febrero de 2017 por la Sección 4ª de la Audiencia Nacional. Y lo hace validando los cuatro años y medio de prisión a los que se condenó a Rodrigo Rato, al que considera responsable de haber permitido en su época la entrega a los consejeros y directivos de Bankia de unas tarjetas distintas a las ordinarias –y al margen del circuito ordinario de solicitud, aprobación, emisión y cancelación de las tarjetas de empresa–, con las que esos consejeros y altos directivos de la entidad pudieron satisfacer todo tipo de gastos, incluso personales, consagrándose así una "suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal o previsión estatutaria".
El Alto Tribunal únicamente ha accedido en su sentencia a la rebaja de las penas de algunos de los condenados: aquellos que consignaron judicialmente el monto total de los gastos que abonaron haciendo uso de las tarjetas opacas. Esta rebaja obedece a que los magistrados consideran que dicha reparación del daño (la devolución de los gastos) ha de considerarse como una atenuante muy cualificada en lugar de sólo cualificada, lo cual supone una rebaja en grado de la pena.
Por lo demás, el Supremo rechaza de plano –como ya hiciera en su día la Audiencia Nacional– uno de los principales argumentos que blandieron alguno de los condenados en sus recursos, que consistía en que se descartara como prueba de cargo un controvertido listado presentado por la acusación en formato informático Excel. La hoja de Excel en cuestión fue aportada al procedimiento por Bankia, y contenía un interminable y detallado extracto de todos los movimientos realizados por los titulares de cada una de las tarjetas de crédito que fueron objeto de enjuiciamiento.
Prueba válida
Esta hoja de cálculo se constituyó como la más singular y fundamental prueba de cargo de la que dispuso la acusación para acreditar la apropiación de fondos, toda vez que no se conservaban los recibos o facturas que acreditaban la realidad de las operaciones de pago realizadas por los tenedores de las tarjetas en los distintos establecimientos comerciales. En tal medida, los condenados venían a discutir la legitimidad del mencionado listado al entender que había sido confeccionado por la propia Bankia sin autorización judicial de ningún tipo, conculcando de este modo sus derechos fundamentales. Sin embargo, el Supremo no ha compartido tampoco en esta instancia el criterio de los condenados y considera que los cargos de esas tarjetas, que habían sido emitidas fuera del circuito regular, se habían realizado contra una cuenta de la entidad, y no contra las cuentas personales de los titulares, por lo que no se vulneró su derecho a la intimidad.
La última, y quizás más impactante, secuencia de The Game sitúa al espectador ante un Nicolás Van Orton al borde del abismo, preguntándose cómo ha podido llegar hasta allí. Es probable que algunos de los condenados a los que Rato o Blesa entregó una de las famosas tarjetas esté en estos momentos haciéndose la misma interrogación. Porque sólo la eventualidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que anule, entre otras cuestiones, la dichosa lista de gastos, evitará que aquellos que hayan sido condenados a más de dos años de prisión tengan que enfrentarse al salto de sus vidas e ingresar sin más trámite en un centro penitenciario.
Víctor Sunkel
Abogado penalista