Top Secret

El colmo de los despropósitos de la gestión del Gobierno es la declaración como Top Secret respecto de la identidad del comité de expertos que asesora al Ejecutivo en la desescalada.

"¡Souvenirs, novedades, artículos de coña!". Así arranca una de las mejores escenas de la película Top Secret (USA, 1984, Abrahams y hermanos Zucker) en la que el agente Cedric, interpretado por Omar Sharif, se acerca a intercambiar información con otro agente disfrazado de vendedor ambulante de recuerdos y objetos de broma. Mientras transcurre la conversación, y para disimular frente a otros viandantes, el falso vendedor irá ofreciendo al agente Cedric distintos artículos, a cada cual más disparatado: una flor para el ojal que expulsa tinta azul, un puro explosivo o un gel de afeitar que estalla al pulsar el dispensador.

Si la situación por la que todavía atraviesa España no fuera tan trágica y dramática, en buena parte por una gestión negligente y tardía de la crisis por parte del Gobierno de Sánchez, la escena del mencionado filme podría haber continuado en la realidad con el presidente ofreciendo a los españoles mascarillas fake; o test de Covid-19 que después se revelaron inservibles; o, porqué no, presumiendo de la inclusión de nuestro país en el top 5 del ranking de los que más test detectores de coronavirus se realizan con base en un supuesto estudio universitario de la universidad Johns Hopkins que, sencillamente, no existe.

No obstante, el colmo de los despropósitos con el que ha tenido a bien obsequiarnos últimamente el Gobierno es la declaración como Top Secret respecto de la identidad del comité de expertos que asesora al Ejecutivo en la denominada "desescalada" en 4 fases. Y el motivo esgrimido por el Gobierno para ocultar sus nombres no es otro que evitar que sus componentes puedan, según se dice, sufrir presiones.

Siguiendo el mismo razonamiento -en realidad, boutade-, en la Administración de Justicia la composición de los tribunales también debería ser secreta. ¿Acaso no se les ocurre mayor presión que la que padecieron los jueces que durante años investigaron y juzgaron el terrorismo etarra? ¿O la de los jueces que investigaron y juzgaron casos como los ERE, Gürtel, Urdangarín, etc.? ¿Quizás no pudimos conocer, por ejemplo, el nombre y apellidos de todos los jueces y fiscales que investigaron y juzgaron el procés?

Existe un principio básico en todo proceso judicial: la publicidad. Y este fundamento adquiere mayor importancia, si cabe, en los procedimientos penales, en los que, en definitiva, se abre la posibilidad de que una persona sea declarada culpable y, por tanto, privada de su derecho más preciado: la libertad, que en nuestro país viene consagrada en el artículo 17 de la Constitución. La antedicha publicidad se traduce en la práctica no sólo en el derecho a que el acusado conozca la identidad de quien decidirá tarde o temprano sobre su futuro, sino también en que la mayoría de las actuaciones son públicas, salvo excepciones que buscan proteger a la víctima (como así ocurrió en el caso de La Manada). Si la publicidad es un pilar de la Justicia, también lo es -y debería ser- en la administración y mucho más, si cabe, en una situación de absoluta excepcionalidad como en la que nos encontramos, donde han sido drásticamente restringidas nuestras libertades. Ya no es sólo que la Ley de Salud Pública o la Ley de Transparencia así lo exijan, sino que como ciudadanos necesitamos conocer quién está decidiendo sobre algo tan importante y fundamental como nuestra libertad deambulatoria o el futuro de nuestros negocios. Los tribunales de composición oculta no deberían existir en una democracia como la española y, por tanto, es primordial que el Ejecutivo dé marcha atrás y desvele quién o quiénes forman parte de ese consejo asesor -si es que existe- a fin de que, entre otras cosas, podamos conocer qué aptitudes poseen aquellos que se pronuncian sobre nuestro futuro más inmediato.

El final de la escena con la que comenzaron estas líneas nos muestra a Omar Sharif recogiendo un artículo de broma del suelo y preguntando algo al agente camuflado. Quizás, y aunque sólo sea por especular, lo que el gobierno de la nación haya pretendido al querer ocultar los nombres de los integrantes del supuesto comité de expertos era evitar que, al conocerse sus identidades, no nos sintiéramos todos un poco como el agente Cedric tras obtener de su compañero espía una inesperada y sorprendente respuesta.

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