¿Sabes que hay una nueva ley de protección del informante? El 21 de febrero fue publicada en el BOE la denominada ley de protección del informante. Se trata de una ley que aporta protección a las personas que, como conocedoras de infracciones que se cometen en las empresas, denuncian. En este post te contamos las claves básicas de esta ley y qué debes tener en consideración. 

Origen de la regulación y entrada en vigor

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En 2019 se aprobó una directiva europea denominada Directiva Whistlebowoing para proteger a aquellas personas que informaran sobre infracciones en el seno de las organizaciones. La Directiva ha supuesto la aprobación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 

La ley fue publicada el 21 de febrero, tal y como hemos comentado al inicio, y entrará en vigor 20 días después de su publicación. Las empresas tendrán un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para implantar los canales de información. Para las empresas privadas con 249 empleados o menos y municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo se amplia hasta el 1 de diciembre 2023. 

Principales aspectos de la ley

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Entre los principales aspectos de la ley destacamos los siguientes: 

• Ámbito de aplicación subjetivo. La normativa se aplica a empresas del sector privado que tengan más de 50 trabajadores, a empresas del sector púbico, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos 
• Protección del informante. La protección del informante de materializa a través de la prohibición de represalias, por ejemplo, el despido o la no renovación del contrato, las medidas de apoyo como el asesoramiento y la información gratuitas e, incluso, el apoyo psicológico o financiero.  
• Sistemas de información. Los canales internos de informacion deben cumplir varios requisitos como que su uso sea asequible, que se preste una garantía de confidencialidad, que se realice un seguimiento correcto y que se proteja al informante. 
• Nombramiento del responsable del sistema. Para garantizar el funcionamiento adecuado de los canales de denuncia, las empresas deberán designar a un responsable del sistema que debe de ser comunicado a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. 
• Gestión externa del sistema. La ley permite que exista una gestión externa del sistema por parte de un tercero ajeno a la empresa que aporte garantías de independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto. 
• Sanciones. Las sanciones por incumplir la ley consisten en multas que pueden llegar a un millón de euros en el caso de infracciones muy graves por parte de personas jurídicas y de 300.000 euros en el caso de personas físicas. 

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En definitiva, es importante estar atento a la nueva normativa y cumplir con las obligaciones que establece para implantar, si se está dentro de su ámbito subjetivo, el canal de denuncias adecuado y que cumpla los requisitos legales.

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