¿Sabes que se podría imponer la disolución de tu empresa como pena por un delito? Como ya sabrás, desde el año 2010 se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal. Evidentemente a una persona jurídica no se le puede condenar a una pena privativa de libertad, pero se le pueden imponer otras penas también graves. En el artículo de hoy vamos a ver con detenimiento a qué tipos de penas se le puede condenar a una empresa.

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Penas por delitos en las empresas

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La responsabilidad penal de una empresa puede ser sancionada con las siguientes penas: 

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• Multa. La multa es la pena que más se suele imponer a las empresas en el ámbito penal, puede ser de dos clases: 

• Proporcional al beneficio obtenido por la empresa, al perjuicio causado, a la cantidad defraudada o al valor del objeto del delito. 
• Por cuotas. En este caso la multa se impone considerando la capacidad económica de la sociedad mercantil. 

• Disolución. La disolución de la empresa es la pena más grave puesto que supone la “muerte” de la sociedad. La disolución tiene dos efectos fundamentales: que la empresa pierde su personalidad jurídica y que ya no tendrá capacidad para actuar en el tráfico jurídico. Dada la importancia de esta pena se utiliza solamente en casos muy graves. 
• Suspensión de actividades. La suspensión de actividades de la sociedad mercantil no puede exceder el plazo de 5 años. Este tipo de pena también se aplica en casos de gravedad. 
• Clausura de locales y establecimientos. En este caso debemos matizar dos cuestiones: en primer lugar, la clausura no podrá ser por un plazo superior a 5 años, en segundo lugar, solo afectará a aquellos locales y establecimientos que estén relacionados con el hecho penal. 
• Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito. La prohibición puede ser temporal, en cuyo caso no podrá tener una duración superior a 15 años, o ser definitiva. 
• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público o para obtener beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. La inhabilitación no podrá imponerse por un plazo superior a 15 años. Esta sanción tiene como finalidad que el sector público no tenga relación con empresas que hayan cometido un delito. 
• Intervención judicial. Esta pena se puede utilizar como alternativa a la de la disolución ya que la desaparición de la empresa puede suponer perjuicios para los trabajadores y los acreedores. La intervención judicial no podrá tener una duración superior a 5 años. 

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Tal y como hemos visto, la comisión de un delito por parte de una persona jurídica puede tener consecuencias muy graves y suponer la desaparición de la empresa. En el caso en que tu empresa sea acusada de un delito es fundamental que cuentes con la ayuda de un abogado penalista experto que estudie tu caso y te asesore.